¡Que los capitalistas y burócratas corruptos paguen la crisis!
Este Primero de Mayo, Día Internacional de Lucha de los Trabajadores y las Trabajadoras, cuando rememoramos las gestas históricas de la clase obrera en el mundo por arrancar mejores condiciones de vida y trabajo, en procura de la erradicación de la explotación y opresión social, nos encontramos en medio de una prolongada y profunda crisis del sistema capitalista mundial, atizada por la pandemia que azota al planeta y que es aprovechada por las fuerzas del capital y los gobiernos a su servicio, para imponer condiciones que les permitan maximizar sus ganancias al menor costo posible, estableciendo pleno control social para doblegar toda resistencia a sus pretensiones. Esa es la realidad dominante en todos los países capitalistas, tanto en los industrializados como en los no desarrollados y dependientes, como es el caso de Venezuela.
En ese contexto, un conjunto de organizaciones sindicales, frentes, movimientos, agrupaciones y corrientes del movimiento obrero y sindical venezolano, sumando y expresando a numerosos trabajadores y trabajadoras que padecen los rigores de la crisis en sus centros de trabajo, en las calles o en sus sitios de vivienda, hemos decidido iniciar un esfuerzo de amplia unidad de acción, más allá de las diferencias, identificando coincidencias y conscientes de que el momento histórico nos impone la necesidad de unirnos para luchar, asumiendo la responsabilidad de hacerle frente a la peor situación que haya conocido la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano en muchos años, por lo que suscribimos el presente Manifiesto Unitario para denunciar la cruda realidad, exponer nuestras exigencias y demandas más acuciantes y convocarnos para el combate unitario, colectivo, organizado e independiente por rescatar la dignidad del pueblo trabajador y abrir caminos hacia nuestra plena y definitiva emancipación.
Constatamos que las y los trabajadores, activos y jubilados/jubiladas, las y los campesinos pobres, el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, los que no somos propietarios de empresas ni de grandes extensiones de tierras, ni manejamos negocios millonarios, ni ostentamos altos cargos burocráticos en el Estado, somos los que sufrimos las consecuencias de la brutal crisis económica que castiga a la nación venezolana desde hace casi una década, crisis estructural que impacta con inusitada fuerza en la realidad social y política del país y que es resultado del agotamiento del capitalismo dependiente y el colapso del modelo del rentismo petrolero, nunca superado a pesar de los cambios políticos iniciados en 1999. Esta crisis experimenta una terrible agudización a partir de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, aplicadas en el contexto de las crecientes contradicciones entre las potencias capitalistas tradicionales y las potencias emergentes y sus bloques de influencia. A toda esta situación se suma la emergencia nacional ante la pandemia, acrecentando la dureza de la situación económica y social que padece nuestro pueblo.
En toda economía capitalista como la nuestra, una élite propietaria y poderosa se enriquece y se encumbra gracias al trabajo de una mayoría que vende su fuerza de trabajo para sobrevivir en condiciones precarias. En esta economía capitalista en crisis la élite propietaria y poderosa (grandes empresarios y altos jefes burócratas del Estado) busca la manera de sostener y de incrementar sus ganancias y de preservar sus privilegios a toda costa y, para ello, se plantean nuevos mecanismos de acumulación de capitales, mayor concentración de la propiedad y del poder, disminuir los costos de producción, reducir a su mínima expresión los salarios y demás derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, desmontando todo lo que se oponga o resista a sus egoístas ambiciones de clase. Para la aplicación de tal estrategia, los patronos privados y públicos cuentan con un equipo de gobierno que se identifica plenamente con los intereses de las élites burguesas y con la concepción autoritaria de la gestión pública propia del sistema capitalista, más allá de los discursos demagógicos y de la propaganda oficial en la que falsamente se autodenominan “obreristas” y “revolucionarios”.
Denunciamos que el Gobierno Nacional es altamente responsable, con sus políticas y actuaciones, de la crisis nacional y su agudización, al no haber utilizado los cuantiosos recursos obtenidos en momentos de altos ingresos por exportación de petróleo para el desarrollo de las fuerzas productivas y, particularmente para la reactivación y el impulso de la industria nacional, con miras a lograr independencia económica y satisfacer las necesidades de las y los trabajadores y del pueblo en general. Altos voceros del Ejecutivo Nacional se ufanan de haber pagado “puntualmente” 70 mil millones de dólares en capital e intereses de la deuda externa, en el período del 2014 al 2017, justamente cuando el ingreso anual en divisas cayó en un 90 % como resultado de la caída de los ingresos petroleros y la criminal asfixia impuesta por Estados Unidos y sus socios. Pero además, las distintas formas de subvención al capital privado, especialmente a la burguesía importadora y especulativa, la corrupción y el despilfarro de la renta petrolera y de los ingresos por endeudamiento externo, significaron la fuga al exterior y a cuentas de particulares, de cientos de miles de millones de dólares que pudieron ser utilizados para avanzar hacia el desarrollo económico con independencia y justicia social.
Denunciamos que el Gobierno descarga sobre los hombros maltrechos de la clase trabajadora todo el peso de la crisis y de las ilegales sanciones imperialistas.
En la actualidad, con una economía improductiva y altamente dependiente, administrada de forma irresponsable e improvisada, en medio de la brutal escalada de agresiones contra la economía nacional por parte del hegemonismo estadounidense, sufrimos una indetenible espiral hiperinflacionaria que ha destruido la capacidad adquisitiva de los salarios y las pensiones y que ha destrozado la calidad de vida del pueblo, sin que se produzcan medidas para revertir esa situación ni para defender al pueblo trabajador. Por el contrario, el Gobierno implementó en el 2018 el denominado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que se tradujo en un conjunto de medidas orientadas a favorecer al capital privado, con el desmontaje de los controles estatales sobre los precios, costos, ganancias capitalistas y tasas de cambio, pasando a una liberalización general de la economía, acompañada de privatizaciones abiertas y encubiertas (previa quiebra de las empresas estatales) adelantada muchas veces con el subterfugio de “alianzas estratégicas”. Tales intenciones reprivatizadoras, especialmente hacia sectores estratégicos y básicos de la economía, son revestidas de aparente legitimidad a través de la mal llamada “ley antibloqueo” y recientemente con la Ley para las Zonas Económicas Especiales.
Sectores de la burguesía mafiosa, con el beneplácito y estimuló del Gobierno Nacional, han impuesto la dolarización de facto de la economía doméstica, llegándose a que todo se comercialice en dólares menos la fuerza de trabajo (con excepción de empresas privadas que pagan estímulos en dólares sin ninguna incidencia salarial). La liberalización económica es acompañada de una política fiscal y tributaria regresiva, donde las grandes empresas privadas gozan de privilegios fiscales y hasta empresas transnacionales son exceptuadas de pagar impuestos en Venezuela (vigencia de Tratados contra la Doble Tributación), para estimular sus inversiones, mientras el pueblo consumidor sigue pagando IVA, herencia de antiguos gobiernos neoliberales. El resultado ha sido la depauperación social, el empobrecimiento extremo de la clase trabajadora.
Como parte central de la estrategia económica adoptada por el Gobierno, desde octubre del 2018 se aplica una política laboral dirigida a: reducir a su mínima expresión el valor de la fuerza de trabajo (salarios, pensiones y prestaciones sociales fueron pulverizadas, el salario mínimo está actualmente por debajo de un dólar mensual); facilitar la reducción de personal en numerosas empresas privadas (mediante despidos directos e indirectos, abiertos y simulados con la aplicación fraudulenta del artículo 148 de la LOTTT); desmontar los derechos individuales y colectivos (desaplicando cláusulas económicas y sociales de convenciones colectivas vigentes y suspendiendo unilateralmente negociaciones colectivas en proceso o pendientes por iniciarse); el abandono de la protección a la salud y seguridad en el trabajo, con las terribles consecuencias en tiempos de pandemia; imponer una indignante discriminación hacia las y los trabajadores que, durante la pandemia, permanecen en sus hogares sin cumplir jornada de trabajo por decisión unilateral de las gerencias y que “no son requeridos” por las entidades de trabajo, siendo desmejorados en sus remuneraciones y demás beneficios; la imposición de una forzada y violenta “paz laboral”: con retardos procesales que llevan a la rendición por hambre de las y los trabajadores despedidos o con reclamos por desmejoras, obstrucciones seudolegales al derecho de huelga, campañas de descrédito, intimidación y/o criminalización de líderes obreros que luchan, para que la clase trabajadora y sus organizaciones de base se resignen a las oprobiosas condiciones que les imponen los patronos y el Gobierno, a través de políticas diseñadas tan solo para favorecer a los capitalistas, a los nuevos ricos mafiosos y a las elites burocráticas corrompidas.
De manera particular nos pronunciamos en rechazo a la política de destrucción del salario en Venezuela. Tal política se inaugura abiertamente con los nefastos lineamientos del ministro Piñate para las convenciones colectivas, contenidos en el memorando-circular 2792, aplicado unilateralmente para pulverizar las conquistas contractuales sin ninguna compensación. Y ha continuado tal política con la suscripción de fraudulentas, ilegales e inconsultas actas convenios y supuestas convenciones colectivas (como las de la industria petrolera, el sector salud, la educación universitaria y la administración pública, pretendiendo hacerlo en otros sectores), en las que se bonifica la mayor parte del ingreso de las y los trabajadores, socavando totalmente los beneficios de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales, pero además destruyendo toda la capacidad de ahorro del trabajador y su familia. En la aplicación de tal política, deploramos el papel cumplido tanto por el Ministerio del Trabajo, como por las tendencias patronales, reformistas y desclasadas de la cúpula dirigente de la llamada CBST, facilitadores de la destrucción del salario y demás derechos laborales.
Denunciamos y condenamos en tal sentido, la implementación de una estrategia para desmontar el modelo de relaciones de trabajo con derechos para sustituirlo por la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales, para exhibir como “ventaja competitiva” a los inversionistas extranjeros, una fuerza de trabajo prácticamente sin salario y sin derechos, pero además sin capacidad efectiva de defenderse ante los abusos patronales y gubernamentales. Con tales propósitos se instrumentan las prácticas sistemáticas de represión, hostigamiento, criminalización y judicialización de las luchas obreras, lo que ha ocasionado que decenas de dirigentes sindicales, líderes obreros y trabajadores en general hayan sido encarcelados sin haber cometido delito alguno, solo por el hecho de defender sus derechos o denunciar hechos de corrupción.
Toda esta situación, que lleva al empobrecimiento extremo del trabajador, la trabajadora y su familia, con profundo deterioro en su calidad de vida y una situación general de indefensión laboral, en medio de la pandemia, pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores en general, pero sobre todo en sectores que han quedado desprotegidos ante la perdida y desaplicación de beneficios contractuales de atención médica integral y HCM, tales como en la industria petrolera y en las empresas básicas de Guayana.
Mención especial ameritan las y los trabajadores de la salud (personal médico, de enfermería, técnicos, obreros y empleados), quienes en general están en una situación de alto riesgo cumpliendo su labor de defensa de la salud del pueblo frente a la pandemia y su peligroso rebote, con deficientes protocolos de bioseguridad y en muchos casos precaria atención en casos de contagio. En los centros de salud no se desarrollan programas de salud y seguridad en el trabajo, por lo que es preciso que las y los trabajadores de la salud se unan y organicen para dar esa batalla de acuerdo a lo previsto en la Constitución y en la LOPCYMAT. Afirmamos que el COVID 19 en los centros de trabajo es una enfermedad ocupacional y así debe ser certificada, para que la patronal pública y privada asuma su responsabilidad en correspondencia con la ley.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra decisión de luchar unidos y a su vez llamamos a la más amplia unidad de la clase trabajadora, con independencia y autonomía con respecto a los patronos, al Estado y a las direcciones políticas que respondan a intereses antinacionales y antipopulares; llamamos en tal sentido a desarrollar la mayor organización y solidaridad de clase para luchar por derrotar la política liberal burguesa o neoliberal, con la que el Gobierno sirve a los capitalistas y hunde en la miseria y la indefensión a las y los trabajadores.
Llamamos a luchar por restablecer los derechos y conquistas históricas pisoteadas por la patronal y el Gobierno. Por la recuperación del salario y el establecimiento de una renta de cuarentena para las y los trabajadores informales; por la derogación del memorando-circular 2792 y el restablecimiento de las convenciones colectivas, prestaciones sociales, fondos de pensiones, cajas de ahorros; por el reenganche de todos los despedidos ilegal e injustificadamente; por el absoluto respeto a la libertad sindical, que sean las y los trabajadores y trabajadoras quienes decidan libremente su organización sindical y sus dirigentes (sin injerencias patronales ni gubernamentales); por la restitución del derecho de huelga; por el cabal cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, plenas facilidades para la elección de las y los delegados de prevención sin manipulaciones patronales ni de la burocracia oficial; por el cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad en los centros de trabajo contra la pandemia del COVID 19, exigimos vacunas gratis para todas y todos y nos pronunciamos por la eliminación de las patentes de las vacunas controladas por las transnacionales farmaceúticas; por un sistema integral de seguridad social universal y solidario, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, engavetada por la burocracia neoliberal; por el pleno respeto a la estabilidad laboral y al empleo con derechos para las y los trabajadores con discapacidades, en aplicación a lo dispuesto en la LOTTT y demás leyes de protección; por un marco de regulación y protección especial a quienes presten servicios en las modalidades de “teletrabajo”, garantizándoles el disfrute de sus plenos derechos sin desmejoras ni simulaciones de la relación laboral; por el cese de la criminalización y judicialización de las luchas laborales, por la libertad plena para las y los trabajadores privados de libertad sin justificación, como resultado de maniobras patronales y autoritarismo gubernamental; por la aplicación del 149 LOTTT, para la reactivación con las y los trabajadores de las empresas cerradas o paralizadas de manera fraudulenta por la patronal; contra la violencia física, sexual y sicológica hacia la mujer trabajadora, particularmente ejercida en los centros de trabajo; contra las privatizaciones de las empresas del Estado y por su recuperación con las y los trabajadores, bajo un modelo de gestión de dirección colectiva y una planificación científica; por la repatriación de los bienes confiscados a corruptos en el exterior; por la declaratoria de una moratoria en el pago de la deuda externa; por la derrota del bloqueo y las agresiones imperialistas, afirmamos que solo la clase trabajadora garantiza la defensa de la soberanía nacional, no la burocracia corrupta al servicio de la burguesía.
Como plan de acción inmediato asumido de forma unitaria y combativa, anunciamos el inicio de una campaña nacional con debate y movilización, por la aprobación en la Asamblea Nacional, mediante iniciativa popular, de las siguientes leyes especiales: ley de escala móvil de salarios indexados a la canasta básica, para el cumplimiento de lo establecido en el articulo 91 de la Constitución, junto a la lucha sindical, jurídica y de masas, por convertir en parte del salario todos los bonos que perciben las y los trabajadores y de esa manera restituir el patrimonio del trabajador y su familia; ley de reforma general e integral del sistema tributario y fiscal venezolano, para que la carga tributaria recaiga en la burguesía y en los nuevos ricos y no en los trabajadores/as y el pueblo como actualmente, que los grandes capitales y banqueros paguen tributos especiales; ley de recuperación del valor de las prestaciones sociales y del pago de los pasivos laborales que adeuda el Estado a sus trabajadores y trabajadoras, indexando tales montos al nivel de la inflación. Ese plan lo asumiremos sin hacernos falsas ilusiones sobre lo que puede lograrse con la actual Asamblea Nacional, pero confiando en la potencia de la unidad, la organización, la movilización y la perseverancia combativa de la clase trabajadora venezolana, en un proceso de acumulación de fuerzas en alianza con el campesinado y el resto del movimiento popular, para avanzar en lucha hacia la conquista del poder para el pueblo trabajador.
¡Unidad, organización y solidaridad de clase para vencer!
¡Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la unidad de la clase obrera!
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (CUTV) FRENTE NACIONAL DE LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA (FNLCT)
COLECTIVO 2 DE JUNIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE BARRIO ADENTRO SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA UCV (SINATRA UCV)
SINDICATO NACIONAL BOLIVARIANO DE TRABAJADORES DEL SECTOR HIDROLÓGICO (SINEBUSTRAPSV)
FRENTE SOCIALISTA NACIONAL HIDROLÓGICO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL “SIMÓN BOLÍVAR” (FRESNAPSIB)
CORRIENTE CLASISTA UNITARIA REVOLUCIONARIA AUTÓNOMA (CCURA) SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES DE FOGADE (SUBTRAFOGADE) JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL DE SINTRAINCES
COORDINACIÓN GENERAL DOCENTE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA (FTUV)
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES «MÁXIMO GUTIÉRREZ» DEL ESTADO LARA
SINDICATO SOCIALISTA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA KRAFT -ACTUAL MONDELEZ- DEL ESTADO LARA (SISOTRAKRAFT)
SINDICATO DE INDUSTRIA UNIÓN DE TRABAJADORES CLASISTAS DEL PETRÓLEO, SUS DERIVADOS Y ASOCIADOS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (SUTRAPETRORINOCO)
SINDICATO INTEGRACIÓN BOLIVARIANA DEL MAR (SINBOMAR – PDVSA) MOVIMIENTO DE TRABAJADORES PETROLEROS PRIMERO DE OCTUBRE UNIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL ESTADO MONAGAS (UEDEM) FRENTE DE TRABAJADORES PETROLEROS 4F DEL ESTADO MONAGAS
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PEPSI – PLANTA VALENCIA (SINUNTRAPEPSI)
DIRECCIONES SINDICALES DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS QUE INTEGRAN LA ALTERNATIVA POPULAR REVOLUCIONARIA: PCV, MOVIMIENTO LUCHA DE CLASES, CORRIENTE UZCATEGUI (PPT)
IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (IR)
COLECTIVO CLASISTA DE ABOGADOS LABORALISTAS “PEDRO ORTEGA DÍAZ” CORRIENTE CLASISTA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS “CRUZ VILLEGAS” COLECTIVO 4F HUGO CHÁVEZ VIVE DE ANZOÁTEGUI
COLECTIVOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LUCHA DE DIVERSAS ENTIDADES DE TRABAJO EN LOS ESTADOS ANZOÁTEGUI, ARAGUA, BOLÍVAR, CARABOBO, COJEDES, DISTRITO CAPITAL, FALCÓN, GUÁRICO, LARA, MÉRIDA, PORTUGUESA, SUCRE, TÁCHIRA, TRUJILLO, YARACUY, ZULIA
Caracas, 30 de abril 2021
